La Cuestión se origina en Barranquilla, Caribe colombiano
domingo, septiembre 02, 2018
PROBLEMAS DE LA JUSTICIA
Por Andrés Rosales U.
Hace poco, cenando en una famosa cadena de restaurantes del país que se distingue porque todas sus mesoneras son del sexo femenino, mientras observaba cómo esas mujeres de elegantes turbantes blancos discurrían laboriosas y solícitas de un lado a otro atendiendo comensales, pensaba en el riesgo que corría la propietaria del lugar debido a los extremos a los que ha llegado la justicia en el país y al caos jurídico permanente provocado por algunos jueces y abogados, y en que por esta razón no sería de extrañar que la restaurantera fuera blanco de una acción de tutela por violar el derecho fundamental al trabajo del sexo masculino, o, incluso, de una denuncia penal por discriminación al no emplear hombres en sus restaurantes.
De un buen tiempo para acá, la acción de tutela y los denuncios penales han venido siendo objeto del más inmisericorde manoseo y del más deplorable abuso con la anuencia de muchos jueces de la república.
Por ejemplo, la acción de tutela, cuya área de injerencia está muy claramente delimitada en la Constitución, se utiliza para las más variados y curiosas fines y hoy en día está notablemente desnaturalizada. Recientemente, por ejemplo, fue utilizada por un grupo de padres de familia para obligar al colegio de sus hijos a celebrar una ceremonia de grado cancelada por las directivas como retaliación por el encubrimiento de la sustracción irregular de un examen preparatorio para las pruebas de estado antes conocidas como ICFES.
Leo en el tiempo una noticia que parece un chiste, pero que refleja el estado de cosas al que me vengo refiriendo: un estudiante de derecho en Bucaramanga instauró una acción de tutela contra un compañero de estudios por haberlo eliminado de un grupo de la aplicación “Whatsapp”, alegando la violación del derecho a la no discriminación. Aunque esta acción, un disparate desde todo punto de vista, no debió ser siquiera admitida y finalmente fue denegada, no siempre sucede lo mismo con acciones de contenido similar. En otra oportunidad, una mujer utilizó la tutela para silenciar el altoparlante de una iglesia vecina y la acción prosperó.
Esta suerte de sainete jurídico es para mí el reflejo de una crisis profunda producto de varios factores, entre ellos uno que llama particularmente mi atención por su perversidad: la proliferación de lo que se conoce como “universidades de garaje”, muchas de ellas fortines electorales de políticos corruptos, que todos los años lanzan a la calle profesionales portadores de títulos cuasiespurios, pésimamente preparados y de un desconocimiento del derecho e inseguridad tales que se han convertido en los principales artífices de una justicia en muchos casos digna de una república de opereta.
A este despelote jurídico han contribuido también las altas esferas de la justicia, cuando, por ejemplo acomodan sentencias y pronunciamientos a la importancia del involucrado o a la conveniencia del momento de acuerdo al estado de ánimo de la opinión pública. Acaba de suceder con Antanas Mockus, al que le fue pasada por alto una candidatura ilegal al Senado.
Un desorden que viene de tiempo atrás y del que hay varios ejemplos, uno de ellos el que por vía jurisprudencial la Corte Constitucional haya modificado el inventario de los derechos fundamentales en la Constitución. A pesar de que están consagrados taxativamente, resolvió crear nuevos derechos fundamentales bajo el criterio de conexidad y con la excusa de proteger la dignidad humana, olvidando que no es precisamente la legitimada para tales menesteres.
Así las cosas, la tutela, que en principio era una forma de democratizar la justicia y de ponerla al alcance del ciudadano de a pie, ha llevado a que los despachos judiciales terminen congestionados por estupideces. Es decir, para el ciudadano terminó por ser un caramelo envenenado.
A este panorama verdaderamente patético, se le agrega el escabroso asunto de la injerencia de la clase política en los nombramientos de jueces y magistrados. Por cuenta de esta aberración que le debemos a los constituyentes de 1991, en las altas cortes los magistrados probos han terminado mezclados con siniestros delincuentes. La ciudadanía asiste impotente al decadente espectáculo de la corrupción rampante en la cumbre de la justicia, cada día en aumento, que ha puesto en escena los más espeluznantes casos de podredumbre moral, como el de la venta de fallos judiciales por miembros de la Corte Suprema de Justicia.
Julio 15 de 2018
- posted by juanMOSTAZA @ 9:31 a.m.
